Javier Mayorca: “Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado”

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.

La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.

Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores. Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.

En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.

Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.

Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.

El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación.

Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento. Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.

Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.

Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.

Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.

El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento.

Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento. Este suceso hace recordar otro caso luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.

Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

@javiermayorca